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domingo, 30 de mayo de 2010

MUJERES YUKPAS DENUNCIAN VIOLACION EN FUERTE MACOA

Ante Fiscalía 2da de Maracaibo y Defensoría del Pueblo

Mujeres Yukpa denuncian y exigen respeto a su dignidad violada por militares del Fuerte Macoa

Las mujeres violentadas en su intimidad por soldados del Fuerte Macoa, cuya dirección está a cargo de Mateo Rafael Adames Weiland, General de Brigada, Comandante de la 12 Brigada de Caribes, acudieron a la Defensoría del Pueblo de Maracaibo y a los medios de comunicación el miércoles 26 de mayo de 2010 y al día siguiente a la Fiscalía Segunda del Ministerio Publico a denunciar ser victimas de una serie de atropellos y violaciones a sus derechos humanos y a su condición de mujer y en especial a sus derechos propios de genero y de mujeres indígenas por parte de soldados del Fuerte Macoa.

Los sábados y domingo, las mujeres indígenas al visitar a sus familiares detenidos en el Fuerte Macoa son obligada, algunas veces bajo amenazas de ser detenidas, a desnudarse por los soldados encargados de la requisa sometidos estos a su ves por el imperativo de ordenes superiores, sin importarles su particular manera de ser y estar, su cultura, usos y costumbres como mujer Yukpa, su moral ante el hombre, ante el hombre extraño (guatía) y ante su cuerpo.

La esposa de Sabino Lucía Martínez Romero, de 41 años, declaró en la Defensoría del Pueblo, a una abogada defensora de apellido Villasmil, y al otro día al Fiscal Auxiliar del Ministerio Público Freddy Reyes, que muy pocas veces son mujeres las que le obligan a desnudarse, u hombres y mujeres a la ves, casi siempre son sólo hombres, soldados, y que ella obedece porque hablan duro y portan armas largas, ella les tiene miedo, pero “en la Sierra de Perijá las mujeres no les tienen miedo a soldados. Al desnudarse les tocan sus cuerpo y a eso a ella le da rabia y pena; Elena Romero, de 62 años, hermana mayor de Sabino, le obligan los soldados a quitarse también la pantaleta, e inmediatamente al hacerlo comienzan a reírse, ella les grita con rabia que ella es mujer, no animal, ni mono ni perro para que de ella se rían.

Valientemente Lucía denunció en la Fiscalía que en diciembre pasado un soldado de la requisa le dijo que se buscara dos millones de bolívares (2.000 BF) para dejar salir a su marido, ella como no pudo recoger el dinero no se los entregó nunca. Sabino les informó a sus familiares que eso era una trampa, como en efecto fue, a final de año en altas horas de la noche, un soldado le abrió la puerta y le manifestó que podía irse que por allí no había nadie. Sabino le contestó que el iría a juicio. Se le iba a aplicar la Ley de Fuga, es lo que se comentaba al interior del Fuerte.

La hija de Sabino, Guillermina Romero Martínez, de 25 años, su denuncia fue más alarmante, además de desnudarla y tocarle las nalgas como a su mamá, le preguntan si tiene hombre, le proponen hacer el amor, y una vez que fue sólo trataron de obligarla a meterse en el otro cuarto para hacerle el amor. Desde el 24 de diciembre del año pasado no ha vuelto más por temor a ser violada, ya era insostenible la persecución sexual militar. Manifestó durante la denuncia que ella se siente mal y llora por no poder ir a visitar su padre, quien reclama su presencia y denunciar ante los organismos competentes (como en efecto tardíamente se hizo) estos abusos sexuales por parte de los soldados con el silencio cómplice de sus superiores, que permiten que sean soldados hombres las que revisen a las mujeres de los detenidos inconstitucionalmente en el Fuerte Macoa, lugar este de todo tipo de abusos y prácticas coloniales y racistas. Estos no son los hijos de Bolívar que tanto nos habla el comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Fría.

Estamos en a presencia, no de un caso aislado que el General Mateo Rafael Adames Weiland no tiene conocimiento, todo lo contrario este es un plan orquestado minuciosamente adentro y afuera de este recinto militar.

Lo creemos así por la manera inconstitucional como fue secuestrado Sabino el 14 de octubre de 2008 del Hospital Coromoto por efectivos del Ejército, la Guardia Nacional y el CICPC, donde estaba recluido para su sus primeros auxilios, su traslado violento e inmediato incomunicación por casi cinco días en el Hospital Militar de Maracaibo, su posterior traslado a la sede de la 11 Brigada de Infantería del Ejército hasta llevarlo directamente al Juzgado de la Villa del Rosario, violentando así sus derechos humanos, como el derecho a la libertad, así como el goce a su debido proceso y a la legitima defensa.

Desde la llegada al Fuerte Macoa, se puso en funcionamiento el plan macabro de Romper la Resistencia y la Moral de Sabino y los otros dos líderes indígenas recluidos: retrazo de la consulta médica en caso de enfermedad, poca y mala comida, algunas veces son las sobras que deja el personal militar, agua sucia, Ley de Fuga frustrada, eliminación de uno de los dos días de visita a los abogados defensores, prohibición a salir fuera del cuarto a caminar o tomar sol, sólo se les permite visita de esposas, hijas y padres. No pueden ser visitados por amigos y otros familiares. El Fuerte Macoa es el Guantanamo de la Venezuela de hoy, acusaciones infundadas y fuera de toda realidad por parte de Mateo Rafael Adames Weiland, General de Brigada, Comandante de la 12 Brigada de Caribes, Fuerte Macoa de Machiques a los abogados y al Defensor del Pueblo del Estado Zulia Antonio Urribarrí de propiciar bochinches con familiares de los detenidos frente al Fuerte Macoa, prohibición de la salida de Sabino Romero Izarra y Alexander Fernández Fernández para firmar de la Villa un Poder a sus abogados defensores para así llevar al Tribunal Supremo de Justicia un Amparo Constitucional.

Fuera del Fuerte Macoa se logra que a casi cuatro meses de ser introducido un Amparo Constitucional por los abogados defensores en el Tribunal Supremo de Justicia (10/02 a 10/06/2010) aún no ha sido admitido pese a ser asignado dicho documento a la propia Presidenta Dra. Luisa Estella Morales. Entonces que se puede esperar, más que sospechar que en todo esto está metida la mano pelúa de algunos altos voceros del Estado gobierno. Más cuando se nombraron siete Fiscales acusadores contra Sabino, Alexander y Olegario y hacen oposición cada vez que la defensa o la Jueza buscan una salida o solución jurídica, como es el caso de suspensión del juicio por parte de la Jueza Quinta de Juicio Erika Carrizo hasta tanto el Tribunal Supremo de Justicia no se pronuncie a favor o en contra de ser ventilado el juicio por la jurisdicción especial indígena del pueblo o nación Yukpa, así como la presentación de un informe por parte de la Fiscalía de las condiciones del lugar de reclusión donde se trasladarán a la comunidad del Tukuko los tres imputados indígenas. Los Fiscales encabezado por los abogados Víctor Valbuena y Abigail Rodríguez se niegan a elaborar dicho informe, y de inmediato apelaron a la decisión de la Jueza Carroz.

Todo está en el limbo político jurídico, incluso la continuación de la demarcación del territorio autodemarcado por el pueblo Yukpa, mientras Sabino, Alexander, Olegario y sus familiares son víctimas de todo tipo de abusos y humillaciones como en los mejores tiempos de la cuarta república.

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lunes, 15 de febrero de 2010

LA JUSTIA SICARIA CONTRA LOS YUKPA


La justicia sicaria contra los yukpa

El símbolo que representa la justicia debe tener un ojo vendado y otro abierto y en sus manos debe sostener sólo la espada.
Por lo menos en Venezuela
Sociedad Homo et Natura

Es bestial el agavillamiento del Estado gobierno contra los líderes indígenas yukpa presos Sabino, Olegario, Alexander e Israel (menor de edad) por defender el derecho a poseer un territorio como pueblo indígena.

Dolor producido por el Estado gobierno
Desde que se inició el proceso de demarcación de tierra en el 2004 por parte del Estado gobierno a los pueblos indígenas yukpa y barí han transcurrido casi seis años de acción gubernamental con interrogatorios, torturas, enfrentamientos con el sicariato/ganadero, Guardia Nacional, Ejército, infundadas acusaciones, criminalizaciones a sus líderes insobornables, exclusiones sectoriales, divisiones, compra de conciencia a caciques, manipulación con bolsas de comidas, consejos comunales, camiones, inadecuadas e etnocidas viviendas, créditos a dedos, vías de comunicación y mucho show mediático...

Estas acciones gubernamentales fueron el antecedente que acompañó el enfrentamiento (inducido por este sector del Gobierno) entre los líderes de las comunidades Chaktapa y Guamo Pamocha de la cuenca del río Yaza, sector más unido y combativo en la lucha y recuperación de su territorio ancestral en manos de los ganaderos ocupado con la anuencia y financiamiento del Estado y de todos los Gobiernos de turno.

Desde el 2004, diez ministerios coordinados por la Ministra del Ambiente, pero en la práctica por los Ministerios de Relaciones Interiores, Justicia, de la Defensa e Indígena, hicieron hasta lo imposible para dejar a los pueblos yukpa y barí sin territorio. Sus derechos territoriales, en el caso del pueblo yukpa, expresado físicamente en la autodemarcación de su territorio propuesta que fue entregada al Estado gobierno y negado a través de la imposición de la contrapropuesta gubernamental donde pierde el pueblo yukpa una enorme franja de su territorio oeste límite con la república de Colombia apetecida por el estamento militar y la otra franja al este su territorio está invadido por hacendados y parceleros campesinos apoyados por el Gobierno.

Algunas de las acciones insólitas

Esta lucha de los indígenas de la Sierra de Perijá por sus territorios ancestrales, en esta etapa del 2004-2009 está marcada por acciones insólitas ejecutadas por el Gobierno contra de la dignidad, unidad e integración del pueblo yukpa, como es el caso de la construcción de la compra de conciencia y el quiebre de caciques para defender intereses del Gobierno a expensas de los intereses de sus comunidades, o la pretendida construcción de dos Bases Militares en las comunidades Tukuko y Toromo, o el Centro Chamánico de Toromo (donde no hay Chamanes) inconcluso pero registrado administrativamente como terminado e inaugurado, o el fracaso del mil millonario Plan Integral para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios Fronterizos Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús María Semprúm del Estado Zulia, Comunidades Indígenas Yukpa, que coordina o coordinó el Ministerio de Relaciones y Justicia, y paren de contar.

Cinco hechos que han marcado la vida del pueblo yukpa

Existen cinco hechos extraordinarios de la actual política del Estado gobierno contra el pueblo o nación Yukpa. Después de los muertos en Kasmera por parte del Ejército durante el Gobierno de Caldera y ahora el inducido en el Gobierno de Chávez, además de la detención de los cuatro indígenas y la negativa de poder ser juzgados por el derecho especial indígena del pueblo yukpa, que desenmascaran el carácter fascista de este sector del Gobierno.

El primer hecho extraordinario está vinculado directamente con la Fiscalía a cargo del abogado acusador Víctor Raúl Valbuena, quien aspira hoy al cargo de Fiscal Superior del Zulia, y su Auxiliar Abigail José Rodríguez Jiménez, que están relacionados al caso engavetado de la muerte del anciano José Manuel Romero, padre de Sabino; pero desempolvado cuando el Ministro de Relaciones y Justicia se vio obligado a manifestar públicamente que la muerte del anciano papá de Sabino no quedará impune, sin embargo, no hay acusados y se volvió a guardar el expediente.

El pueblo yukpa manifiesta que el padre de Sabino murió cuando el presunto propietario de la hacienda Kusaré de apellido Vargas (donde hoy se asienta el pueblo Guamo Pamocha) acompañado con hombres armados irrumpieron en la comunidad vecina Chaktapa (anterior hacienda Tizina de un tío del señor Vargas) y golpearon al anciano, muriendo a los pocos días. Nada hizo la Fiscalía Cuadragésima del Ministerio Público con sede en Maracaibo. La justicia abrió un ojo y se dio cuenta que el agresor era un rico.

Lo más triste de esta historia es que el abogado Valbuena hace unos días atrás era Fiscal Indígena, en los tiempos de la Dra. Josefa María Camargo. Patético Fiscal y mal ejemplo para su aprendiz Rodríguez Jiménez, que ahora está entrampado en un juicio político dirigido desde Caracas contra Sabino y Olegario, y estos otros dos indígenas, a los que hay que darle un castigo ejemplar, para que no sigan ocupando hacienda y rechazando la propuesta gubernamental de demarcación.

El otro suceso extraordinario vinculado al Estado gobierno, en este caso a la Guardia Nacional y el Ejército, así como a la Fiscalía Cuadragésima Primera, es la violación a los Derechos Humanos a un grupo de familias yukpa lideradas por Sabino y familias de Olegario y a 44 ecologistas, luchadores sociales y trabajadores de emisoras y televisoras comunitarias que el día 22 de agosto de 2008 cuando pretendían llevar medicinas y comida a las familias afectadas de las comunidades que recientemente ocupaban las haciendas Tizina y Kusare.

En este suceso participaron los tenientes Ramírez, Bastidas y Chirinos, este último acusado por Sabino Romero Izarra el día 15 de enero de 2010 (antes de ser suspendida la Audiencia Preliminar) en presencia de la Jueza, los Fiscales y los abogados defensores de quererlo matar a través de un simulacro de fuga.

La situación violenta vinculada a la tenencia de la tierra fue cuestionada por el propio Presidente Chávez en el Aló Presidente del domingo 24 de agosto de 2008.

Para detener el acceso (por orden del General Izquierdo Torres) a las comunidades en lucha, guardias nacionales y efectivos de ejército, ese día golpearon con armas largas e detonaron más de 300 balas con armas de guerra casi rozando los cuerpos de los presentes; este caso permanece también engavetado en la Fiscalía Cuadragésima Primera. La justicia abrió un ojo y se dio cuenta que el agresor era unos de los factores del poder más importante en esta revolución. Este es el tercer hecho extraordinario.

El cuarto suceso extraordinario de la política del Estado gobierno en materia fronteriza e indígena en la Sierra de Perijá está en el hecho en que supuestamente la Jueza Nelly Mestre, a mediados del año 2009 fue sustituida de su cargo por la hoy Jueza Yudith Esperanza Roja, porque en un caso de delito indígena declinó a favor del derecho consuetudinario Wayuu. La justicia abrió el otro ojo a favor del pobre, pero de inmediato se lo taparon.

Con qué cara viene ahora el Gobierno o la Fiscalía Cuadragésima a acusar a Sabino, o al resto de los indígenas presos en el “Guantánamo” Fuerte Macoa, o la Fiscalía Vigésima de Machiques que desde que fue creada ni siquiera aceptan las denuncia formuladas por los indígenas, cuando sus derechos son violados por los ricos hacendados o por el Estado gobierno opresor. Cuantas veces nos hemos vistos obligados a acudir al Fiscal General de la República, en Caracas, o al Fiscal Superior en Maracaibo para obligar que esta Fiscalía de Machiques acepte y canalice las distintas denuncias que los indígenas formulan. La justicia usó la espada porque al abrir el ojo destapado supo que eran pobres.

El quinto, y último suceso extraordinario de la política en la Sierra de Perijá del mal gobierno, está expresada en la detención e interrogatorio del 5 de agosto de 2008 por parte de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), con sede en el Fuerte Macoa, que sufrió el archiconocido dirigente nacional socialista Santiago Arconada cuando era Vicepresidente del Instituto para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM) adscrito al Ministerio del Ambiente.

Este hecho tiene como marco las relaciones de trabajo que mantiene con dirigentes y comunidades yukpa, donde le tocaba desarrollar su trabajo en Perijá y con las ONG ecologistas como lo es Sociedad Homo et Natura; así como su participación el día 13 de julio del mismo año en una concentración convocada por toda la dirigencia yukpa en la sede del Instituto Nacional de Tierra (INTI) de Machiques. De las diez preguntas formuladas dos de ellas estaban dirigidas en saber su relación con los ciudadanos Lusbi Portillo (4ta. pregunta) y Sabino Romero Izarra (5ta. pregunta). Firman el “Acta de la Entrevista” José S. Villegas Marrero, Tcnel. (EJNB.) de la Oficina de Inteligencia de la 12 Brigada y Jehovell Acevedo, Stte. (EJNB.) Asesor Jurídico.

No al pensamiento único

El Ministro de Relaciones Interiores y Justicia y el Vicepresidente Ejecutivo deben entender que no existen pruebas suficientes desde la visión del derecho ordinario para condenar a estos indígenas presos y que lo más recomendable sería que este caso sea transferido y tratado por el derecho especial indígena, al mismo tiempo se solicita que acepte la autodemarcación indígena para evitar más conflictos. Déjense ayudar señores del Gobierno. La verdad está en el Pueblo Soberano.
Lucía Martínez y Guillermina Romero Martínez
Esposa e hija de Sabino
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lunes, 18 de enero de 2010

!!!SABINO, TEME POR SU VIDA ¡¡¡




Sabino teme por su vida



La Jueza Judith Rojas, el CICPC siguen conspirando contra la libertad de los líderes indígenas yukpa Sabino, Olegario y Alexander


Sociedad Homo et Natura



Por ignorancia o por mala fe, se suspendió la Audiencia Preliminar pautada para el pasado viernes 15 de enero de 2010. La abogada Yudith Esperanza Rojas, Jueza Primera de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, con sede en La Villa del Rosario del estado Zulia de un día para otro cambió la Audiencia Preliminar para el Circuito Penal del Estado Zulia con sede en la ciudad de Maracaibo por considerar que no habían condiciones en la Villa del Rosario para llevarse acabo dicha Audiencia.



Al respecto se tiene la duda si esa señora juez no sabía que en esas condiciones era nulo lo discutido y acordado en la sede de Maracaibo, o lo hizo bajo presión de Caracas.



Por otra parte a los señores del Cuerpo de Inteligencias Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) de Machiques se le olvidó también enviarle a las victimas las citaciones para su asistencia a la Primera Audiencia, o lo hizo bajo orientación también desde Caracas, por órdenes salidas del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia.



Mientras estas tácticas violatorias promovidas por el Gobierno desde el 14 de octubre de 2009 contra la libertad de los dirigentes indígenas y la violación a sus derechos de ser tratados por la ley especial yukpa, y ahora la violación al debido proceso de la justicia ordinaria nos obliga a considerar una vez más que estamos en presencia de un juicio político, para así ocultar el fracaso en el Zulia, del Gobierno en materia indígena y muy en especial en el proceso nefasto de demarcación de sus territorios. Quieren criminalizar a estos dirigentes por llevar la vanguardia de este cuestionamiento para montar la matriz de opinión que son sectores violentos vinculados al narcotráfico cuando en verdad este hecho violento ocurrido el martes 13 de Octubre de 2009 en la comunidad Guamo Pamocha inducido y montado desde los ministerios de Caracas.



Sabino Romero Izarra aprovechó la oportunidad de estar frente a la Jueza Rojas y tres de los Fiscales acusadores y sus abogados defensores Leonel Galindo y Ricardo Colmenares para denunciar con nombre y apellidos a los militares de Fuerte Macoa comandado por el General Mateo Rafael Adames Weiland donde esta recluido en condiciones violatorias todos los derechos humanos, explicándole que existe un plan para asesinarlo a través de un simulacro de fuga, le exigen una cantidad de dinero para dejarlo ir, pero detrás de la propuesta está la mala intención de matarlo, entre los nombres aparece el del Capitán Chirino, así mismo denuncia Sabino que desde que está allí encerrado no ha podido respirar nuevamente aire puro y ver el sol, ni tomar agua potable; que el régimen de visita la impuso el General Adames Weiland y no la Jueza, que este General sólo le permite la visita de su esposa e hijos, más no de otro familiares y amigos, pero que hace dos viernes fue visitado por una mujer de acento colombiano que el no conocía ofreciéndole dinero, por tal razón teme que se esté tramando su muerte por parte de estos militares.
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DEJENSE AYUDAR, SEÑORES DEL GOBIERNO



Por lo menos en Venezuela


El símbolo que representa la justicia debe tener un ojo vendado y otro abierto y en sus manos debe sostener sólo la espada

Sociedad Homo et Natura

Es bestial el agavillamiento del Estado gobierno contra los líderes indígenas yukpa presos Sabino, Olegario, Alexander e Israel (menor de edad) por defender el derecho a poseer un territorio como pueblo indígena.


Dolor producido por el Estado gobierno


Desde que se inició el proceso de demarcación de tierra en el 2004 por parte del Estado gobierno a los pueblos indígenas yukpa y barí han transcurrido casi seis años acción gubernamental de interrogatorios, torturas, enfrentamientos con el sicariato/ganadero, Guardia Nacional, Ejército, infundadas acusaciones, criminalizaciones a sus líderes insobornables, exclusiones sectoriales, divisiones, compra de conciencia a caciques, manipulación con bolsas de comidas, consejos comunales, camiones, inadecuadas e etnocidas viviendas, créditos a dedos, vías de comunicación y mucho show mediático...


Estas acciones gubernamentales fueron el antecedente que acompañó el enfrentamiento (inducido por este sector del Gobierno) entre los líderes de las comunidades Chaktapa y Guamo Pamocha de la cuenca del río Yaza, sector más unido y combativo en la lucha y recuperación de su territorio ancestral en manos de los ganaderos ocupado con la anuencia y financiamiento del Estado y de todos los Gobiernos de turno.


Desde el 2004, diez ministerios coordinados por la Ministra del Ambiente, pero en la práctica por los Ministerios de Relaciones Interiores, Justicia, de la Defensa e Indígena, hicieron hasta lo imposible para dejar a los pueblos yukpa y barí sin territorio. Sus derechos territoriales, en el caso del pueblo yukpa, expresado físicamente en la autodemarcación de su territorio propuesta que fue entregada al Estado gobierno y negado a través de la imposición de la contrapropuesta gubernamental donde pierde el pueblo yukpa una enorme franja de su territorio oeste límite con la república de Colombia apetecida por el estamento militar y la otra franja al este de su territorio está invadido por hacendados y parceleros campesinos apoyados por el Gobierno.


Algunas de las acciones insólitas


Esta lucha de los indígenas de la Sierra de Perijá por sus territorios ancestrales, en esta etapa del 2004-2009 está marcada por acciones insólitas ejecutadas por el Gobierno contra de la dignidad, unidad e integración del pueblo yukpa, como es el caso de la construcción de la compra de conciencia y el quiebre de caciques para defender intereses del Gobierno a expensas de los intereses de sus comunidades, o la pretendida construcción de dos Bases Militares en las comunidades Tukuko y Toromo, o el Centro Chamánico de Toromo (donde no hay Chamanes) inconcluso pero registrado administrativamente como terminado e inaugurado, o el fracaso del mil millonario Plan Integral para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios Fronterizos Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús María Semprúm del Estado Zulia, Comunidades Indígenas Yukpa, que coordina o coordinó el Ministerio de Relaciones y Justicia, y paren de contar.


Sietes hechos que han marcado la vida del pueblo yukpa


Existen cinco hechos extraordinarios de la actual política del Estado gobierno contra el pueblo o nación Yukpa. Después de los muertos en Kasmera por parte del Ejército durante el Gobierno de Caldera y ahora el inducido en el Gobierno de Chávez además de la detención de los cuatro indígenas y la negativa de poder ser juzgados por el derecho especial indígena del pueblo yukpa, que desenmascaran el carácter fascista de este sector del Gobierno.


El primer hecho extraordinario está vinculado directamente con la Fiscalía a cargo del abogado acusador Víctor Raúl Valbuena, quien aspira hoy al cargo de Fiscal Superior del Zulia, y su Auxiliar Abigail José Rodríguez Jiménez que están relacionado al caso engavetado de la muerte del anciano José Manuel Romero, padre de Sabino; pero desempolvado cuando el Ministro de Relaciones y Justicia se vio obligado a manifestar públicamente que la muerte del anciano papá de Sabino no quedará impune, sin embargo, no hay acusados y se volvió a guardar el expediente.


El pueblo yukpa manifiesta que el padre de Sabino murió cuando el presunto propietario de la hacienda Kusaré de apellido Vargas (donde hoy se asienta el pueblo Guamo Pamocha) acompañado con hombres armados irrumpieron en la comunidad vecina Chaktapa (anterior hacienda Tizina de un tío del señor Vargas) y golpearon al anciano, muriendo a los pocos días. Nada hizo la Fiscalía Cuadragésima del Ministerio Público con sede en Maracaibo. La justicia abrió un ojo y se dio cuenta que el agresor era un rico.


Lo más triste de esta historia es que el abogado Valbuena hace unos días atrás era Fiscal Indígena, en los tiempos de la Dra. Josefa María Camargo. Patético Fiscal y mal ejemplo para su aprendiz Rodríguez Jiménez, que ahora está entrampado en un juicio político dirigido desde Caracas contra Sabino y Olegario, y estos otros dos indígenas, a los que hay que darle un castigo ejemplar, para que no sigan ocupando hacienda y rechazando la propuesta gubernamental de demarcación.


El otro suceso extraordinario vinculado al Estado gobierno, en este caso a la Guardia Nacional y el Ejército, así como a la Fiscalía Cuadragésima Primera, es la violación a los Derechos Humanos a un grupo de familias yukpa lideradas por Sabino y familias de Olegario y a 44 ecologistas, luchadores sociales y trabajadores de emisoras y televisoras comunitarias que el día 22 de agosto de 2008 cuando pretendían llevar medicinas y comida a las familias afectadas de las comunidades que recientemente ocupaban las haciendas Tizina y Kusare.


En este suceso participaron los tenientes Ramírez, Bastidas y Chirinos, este último acusado por Sabino Romero Izarra el día 15 de enero de 2010 (antes de ser suspendida la Audiencia Preliminar) en presencia de la Jueza, los Fiscales y los abogados defensores de quererlo matar a través de un simulacro de fuga.


La situación violenta vinculada a la tenencia de la tierra fue cuestionada por el propio Presidente Chávez en el Aló Presidente del domingo 24 de agosto de 2009.


Para detener el acceso (por orden del General Izquierdo Torres) a las comunidades en lucha, guardias nacionales y efectivos de ejército, ese día golpearon con armas largas e detonaron más de 300 balas con armas de guerra casi rozando los cuerpos de los presentes; este caso permanece también engavetado en la Fiscalía Cuadragésima Primera. La justicia abrió un ojo y se dio cuenta que el agresor era unos de los factores del poder más importante en esta revolución. Este es el tercer hecho extraordinario.


El cuarto suceso extraordinario de la política del Estado gobierno en materia fronteriza e indígena en la Sierra de Perijá está en el hecho en que supuestamente la Jueza Nelly Mestre, a mediados del año 2009 fue sustituida de su cargo por la hoy Jueza Yudith Esperanza Roja, porque en un caso de delito indígena declinó a favor del derecho consuetudinario Wayuu. La justicia abrió el otro ojo a favor del pobre, pero de inmediato se lo taparon.


Con que cara viene ahora el Gobierno o la Fiscalía Cuadragésima a acusar a Sabino, o al resto de los indígenas presos en el “Guantánamo” Fuerte Macoa, o la Fiscalía Vigésima de Machiques que desde que fue creada ni siquiera aceptan las denuncia formuladas por los indígenas, cuando sus derechos son violados por los ricos hacendados o por el Estado gobierno opresor. Cuantas veces nos hemos vistos obligados a acudir al Fiscal General de la República, en Caracas, o al Fiscal Superior en Maracaibo para obligar que esta Fiscalía de Machiques acepte y canalice las distintas denuncias que los indígenas formulan. La justicia uso la espada porque al abrir el ojo destapado supo que eran pobres.


El quinto, y último suceso extraordinario de la política en la Sierra de Perijá del mal gobierno, está expresada en la detención e interrogatorio del 5 de agosto de 2008 por parte de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), con sede en el Fuerte Macoa, que sufrió el archiconocido dirigente nacional socialista Santiago Arconada cuando era Vicepresidente del Instituto para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM) adscrito al Ministerio del Ambiente.


Este hecho tiene como marco las relaciones de trabajo que mantiene con dirigentes y comunidades yukpa, donde le tocaba desarrollar su trabajo en Perijá y con las ONG ecologistas como lo es Sociedad Homo et Natura; así como su participación el día 13 de julio del mismo año en una concentración convocada por toda la dirigencia yukpa en la sede del Instituto Nacional de Tierra (INTI) de Machiques. De las diez preguntas formuladas dos de ellas estaban dirigidas en saber su relación con los ciudadanos Lusbi Portillo (4ta. pregunta) y Sabino Romero Izarra (5ta. pregunta). Firman el “Acta de la Entrevista” José S. Villegas Marrero, Tcnel. (EJNB.) de la Oficina de Inteligencia de la 12 Brigada y Jehovell Acevedo, Stte. (EJNB.) Asesor Jurídico.


No al pensamiento único


El Ministro de Relaciones Interiores y Justicia y el Vicepresidente Ejecutivo deben entender que no existen pruebas suficientes desde la visión del derecho ordinario para condenar a estos indígenas presos y que lo más recomendable sería que este caso sea transferido y tratado por el derecho especial indígena, al mismo tiempo se solicita que acepte la autodemarcación indígena para evitar más conflictos.


Déjense ayudar señores del Gobierno. La verdad está en el Pueblo Soberano.

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