Presos por protestar, por sus Derechos

Trabajadores despedidos por una contratista de Pdvsa en Anaco tratan de que atiendan sus reclamos. Cinco de ellos fueron detenidos durante una manifestación en Caracas y están acusados de 10 delitos. Por Oscar Medina

Mientras una parte del grupo permanece en los alrededores de la plaza Caracas, otro duerme en un rincón de la catedral buscando el apoyo de la Iglesia (Gustavo Bandres)Llegaron a Caracas convencidos de que la justicia revolucionaria atendería sus reclamos, pero volvieron a su pueblo culpados de gravísimos delitos, entre ellos el de secuestro, y convertidos en ex presidiarios sometidos a juicio con régimen de presentación.

José Solórzano Bravo, Pedro Pérez, Ronald Marcano, Fedorwkis Carreño y Asdrúbal Solórzano Charai son cinco de los 2.258 trabajadores que en diciembre de 2007 fueron despedidos por el Consorcio Sadeven Vincccler Sodinsa (SVS), contratado por Pdvsa-Gas Anaco para realizar las obras de un proyecto en los llamados campos San Joaquín y Santa Rosa.

Antes de las 6 de la mañana del pasado 20 de abril, un grupo de 69 personas provenientes de Anaco entró a la sede caraqueña del Ministerio del Trabajo. Se trató de una suerte de avanzada en representación de los trabajadores dados de baja por la contratista VSV que esperaban dar el último empujón al reclamo sostenido durante largos meses de desempleo: la ministra María Cristina Iglesias debía firmar el documento que terminaría de concederles la razón.

Apenas en febrero, por instrucciones de quien entonces ocupaba el despacho ministerial, Roberto Hernández, el inspector del Trabajo de Cantaura, Richard Antoima, presentó un informe en el que calificó lo sucedido como un "despido masivo". Pero para restablecer los derechos de los afectados hacía falta que el ministro se pronunciara sobre un aspecto: si existen razones de interés social suficientes como para suspender el despido masivo, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Hernández, sin embargo, se tomó su tiempo y a su salida en marzo dejó esa papa caliente en manos de la sucesora, María Cristina Iglesias.

En el piso 5, en el propio pasillo del despacho, se ubicaron los de Anaco esperando, al fin, una respuesta. Ellos dicen que entraron de manera pacífica, acompañados incluso por cinco mujeres y cuatro niños. Y que hasta mangos compartieron con los vigilantes. El abogado de los trabajadores, Pedro Camargo, y dos de sus voceros, José González y Pedro Ávila, aclaran que, además, esa misma mañana, durante la ocupación, se reunieron con los asesores de la ministra, Jorge Oliveros y Oscar García, con quienes acordaron un nuevo encuentro esa misma noche, a las 8, para ofrecer respuesta a sus planteamientos.

"Como a las 6 y media se presentan unos 180 policías, aunque creo que eran más", explica el abogado Camargo: "Y bajaron a los trabajadores a palo limpio, les pegaron hasta con los cascos y detuvieron a cinco, los agarraron al azar. Cuatro son evangélicos y ninguno tiene antecedentes. Se los llevaron presos, directo a la Zona 7 de la PM".

Basados, entre otras cosas, en la denuncia presentada por la propia ministra a la "Fiscalía General de la República" y en la boleta policial redactada por los funcionarios de la PM, la juez Ana Beatriz Vásquez encontró que había suficientes elementos como para abrir juicio contra los cinco detenidos y acusarlos de haber cometido diez delitos, entre ellos algunos de los incluidos en el Código Penal en aquella reforma que se hizo a la medida de la oposición: daños agravados a la propiedad pública, privación ilegítima de la libertad, resistencia agravada a la autoridad, obstrucción activa de las funciones de las instituciones legalmente constituidas, ultraje a funcionario público, instigación a delinquir, lesiones personales intencionales agravadas, uso de niños para delinquir, agavillamiento y concurrencia real de delitos.

Y con semejante acumulación, no pudieron salvarse de la privativa de libertad.

El acta policial de aprehensión (EXP-151809) detalla el arsenal de los obreros atrincherados a la hora del cuerpo a cuerpo: "(1) Un extintor de color rojo con las inscripciones que se leen Full Extintores MYM; (1) aragan (sic) con el palo; (1) una mopa blanca con el palo partido en la mitad y otra mopa blanca con su palo completo; (1) una camisa mangas largas a cuadros pequeños de colores marrón y blanco, la misma marca Roberto Fabris, talla M; (1) un matero de alcilla (sic) el cual se encontraba destrozado en el piso. Todo esto se colectó como evidencias ya que con dichos objetos nos enfrentaron los ciudadanos revoltosos en la sede del ministerio mencionado".

Si bien parece un chiste, termina por no ser muy gracioso: lo sucedido a los trabajadores despedidos se enmarca en lo que las organizaciones de derechos humanos califican como "criminalización de la protesta". Eso de que todo el que moleste pasará a ser tratado como delincuente.

Ahí seguirán Es un cuadro convertido en clásico de los últimos años, según lo advierten organizaciones como Provea y Espacio Público en sus informes más recientes: un colectivo reclama por lo que considera sus derechos vulnerados, acude a las instancias que señala el manual y como pasa el tiempo y no encuentran respuestas, se lanzan a la protesta pública, a la calle o -como en este caso- al propio sitio donde esperan conseguir la solución de sus reclamos. Pero un gobierno que -lo dicen los informes de las ONG- parece cada vez menos tolerante con las manifestaciones de reclamo, ensaya medidas ejemplarizantes, como para que se dejen de eso.

"Uno va a una protesta pacífica y de pronto se encuentra con esto", se queja Ronald Marcano, uno de los obreros que estuvo 29 días en prisión: "Mi esposa pasó trabajo, junto con mi hijo. Tuvieron que dormir en la plaza Caracas, a veces comían; otras no. Igual que nosotros en la Zona 7. Hubo días que ni comimos. Y además con miedo a perder la vida en la cárcel porque llegó un momento en que se iba a armar lo que llaman un 'letra contra letra', una pelea de pabellones, una masacre. Nosotros no somos delincuentes, ni yo soy líder de nada. El día que llegamos al ministerio, cuando apareció la PM yo me puse a dialogar con un sargento para evitar problemas, por eso dicen que yo era uno de los líderes. Lo que queríamos era que la ministra hablara".

La denuncia enviada por la ministra Iglesias a la Fiscalía no se ahorra adjetivos: en cuatro páginas califica al menos ocho veces de violentos a los trabajadores de Anaco y afirma que fueron ellos quienes agredieron a los policías enviados para rescatar las instalaciones con el resultado de dos uniformados heridos.

Con todo, Iglesias admite en su escrito entender el asunto: "Estas personas señalaron que fueron despedidas injustificadamente, que el inspector del Trabajo de la zona se habría pronunciado y que estaban esperando la respuesta de la ministra y que no se irían hasta que ésta no les diera una respuesta positiva".

Esa respuesta apareció al día siguiente después de la trifulca, y los detenidos: Iglesias consideró que no había motivos de interés social para anular el despido colectivo de los 2.258 trabajadores. Y el abogado Camargo se pregunta: "¿Si iba a firmar eso ya, por qué los mandó a apalear?".

"La ministra protege al consorcio privado y con eso está protegiendo a Pdvsa-Gas", explica el abogado: "La Ley del Trabajo dice que si el contratista no le responde a los trabajadores, debe hacerlo el beneficiario de la obra, que es Pdvsa-Gas".

Los trabajadores despedidos no se han ido de Caracas. Desde que los expulsaron del ministerio han permanecido durmiendo sobre cartones en la plaza Caracas, tratando de llamar la atención sobre su caso. Otro grupo se refugió en la catedral desde el 19 de mayo. Entre unos y otros suman cerca de un centenar y se van rotando, cargando sus bolsos yendo y viniendo de Anaco y sobreviviendo con lo que logran recolectar de los transeúntes y gracias a la solidaridad de la Iglesia. Pero se han hecho como invisibles: su historia no parece llamar la atención de los medios. Mucho menos de los oficialistas: "Hemos declarado cuatro veces a VTV y no pasan nuestras declaraciones", denuncia uno de ellos, Antonio Valentini: "Queremos que el Presidente se entere de las cosas que hacen los de su gabinete".

Los trabajadores señalan que fueron contratados para una obra espec´ífica, el "Proyecto IPC Centro Operativo y Sistema de Recolección Gas Anaco, Campo San Joaquín y Campo Santa Rosa". Pero aseguran que los trabajos se paralizaron, que todo quedó a medias y que la contratista presentó informes falsos sobre su culminación para justificar los despidos de esas personas entre las que se encuentran 68 enfermos -4 con cáncer- y cinco embarazadas. En eso sustentan su reclamo y afirman que Pdvsa-Gas no pudo seguir costeando la ejecución del proyecto por falta de recursos y que es muy sencillo comprobar que las plantas de gas del IPC no están operativas.

"Hemos ido a todas las instituciones", apunta José González: "Ahora queremos que sea el Presidente Chávez quien se pronuncie, que nos diga si está a favor del consorcio o de los trabajadores. Que nos diga si tenemos o no la razón, para saber si él está al tanto del problema. Y si no tenemos la razón agarramos nuestras cosas y nos vamos". Es la última esperanza: que a Chávez le hayan ocultado lo que sucedió con el complejo gasífero, como si tal cosa de verdad pudiera pasar.
ommedina@eluniversal.com