Mateo Rafael Adames Weiland, General de Brigada, Comandante de la 12 Brigada de Caribes, Fuerte Macoa de Machiques,
acusa a los abogados defensores privados de Sabino Romero Izarra y Alexander Fernández Fernández y al abogado Defensor Público de Olegaro Romero Romero, de haberse presentado acompañado en las puertas del Fuerte Macoa con el Defensor del Pueblo del Estado Zulia Antonio Urribari, el abogado Nerio Sandoval Notario Público de la Villa del Rosario “y con un grupo de ciudadanos yukpas en actitud hostil, quienes se apostaron a pocos metros de la entrada del Fuerte Macoa, generando incertidumbre por posibles focos de violencia. Dados los hechos violentos ocurridos el pasado martes 10 de marzo de 2.010, provocados por un grupo de yukpas, entre los cuales estaban los familiares de los procesados, donde resultaron daños materiales a un vehículo de este Comando, así como el extravío temporal de un cargador de fusil AK-103” (Informe Nº. Archivo 52-0033100000010. Nº. Serial 0551, el Machiques, 13 FEB 2010). Nada más lejos de la realidad que el texto expuesto en esta comunicación militar dirigido a la abogada Judith Esperanza Rojas, Jueza de Primera Instancia en Funciones de Control en lo Penal del Municipio Rosario de Perijá del Estado Zulia firmado por el general de brigada antes mencionado.
En ningún momento los abogados Colmenares y Galindo, o el abogado público defensor de Olegario Romero, ni mucho menos el Defensor del Pueblo del Estado Zulia, ni el Notario Público de la Villa del Rosario se presentaron ese día ni ningún otro día con un grupo de ciudadanos Yukpa generadores de focos de violencia. Todo lo contrario, cuando ellos llegaron al Fuerte Macoa ya estos ciudadanos Yukpa estaban protestando sobre un tema relacionado con la asignación de puestos de trabajo para la construcción de la vialidad al Tukuko por parte del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, cuya coordinadora del proyecto Tamara Duque funciona en las instalaciones del Fuerte Macoa de Machiques y dirige además su Sala Situacional. Esta protesta fue reseñada por los medios de comunicación.
El fantasioso relato firmado por el general de brigada Adames Weiland es el soporte sobre el cual se apoya para justificar a cuenta propia su decisión/castigo de “restringirle las visitas” a los tres abogados defensores y amenaza “Así mismo de presentarse nuevamente esta situación quedarán suspendidas estas visitas hasta nueva orden”. Al inicio del informe, el general de brigada le comunica a la Jueza de Control Judith Esperanza Rojas que por este incidente él cambia el horario “Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de informarle el nuevo horario de visita de los abogados de los ciudadanos Sabino Romero Izarra, Alexander Fernández y Olegario Romero, a partir de la presente fecha la visita será los días viernes de 10:00 am a 4:00 pm”.
La Jueza de Control Judith Esperanza Rojas fue quien escoge el Fuerte Macoa como el lugar de reclusión de los líderes y Caciques indígenas y coloca como única fecha de visita los días sábado y domingo para los familiares y lunes y viernes para los abogados defensores. Al violar esta decisión el general de división Adames Weiland de un tribunal civil de la República estamos en presencia del choque entre tres competencias jurisdiccionales, indígena, civil y militar; donde la militar se impone sobre las otras dos jurisdicciones, violentando una vez más la legítima defensa y el debido proceso de los tres líderes indígenas. Por la vía de los hechos el general de división del Fuerte Macoa desconoce y subordina la jurisdicción militar la jurisdicción ordinaria, y lo peor de todo está en la indiferencia y complacencia de la jueza Rojas. Este señor militar no tiene competencia alguna para eliminar un día de visita a los abogados defensores, ha tomado en sus manos competencia que no le corresponde, su actitud se califica como exabrupto jurídico, que debe de inmediato corregirse en nombre de la democracia y la salud de la República.
Este escrito además de no guardar correspondencia con los hechos, es una muestra del pensamiento antidemocrático, racista y colonialista aún presente en una parte de la jerarquía militar del país, es un texto que criminaliza además de los indígenas, a los abogados defensores, al Notario de la Villa del Rosario y al defensor del pueblo del Estado Zulia. Cosas como éstas no puede seguirse permitiendo que ocurran en el país en tiempo de revolución de cara al siglo XXI. Hacemos un llamado a los órganos competente de restablecer de inmediato los dos días de visitas (lunes y viernes) a los abogados defensores, así como los sábado y domingo a todos los familiares de los tres indígenas detenidos, a periodistas, amigos y demás personas allegadas de los indígenas ilegalmente detenidos en el Fuerte Macoa.
Ante esta alarmante situación y demás atropellos denunciados debería de inmediato ser trasladado a los cuartos de retención existentes en el Tukuko a Sabino, Alexander y Olegario para de esta manera comience a ser aplicada el derecho del pueblo Yukpa.
0 comentarios:
Publicar un comentario