lunes, 8 de noviembre de 2010

NOTAS LABORALES

Atilio Hernández R.
LOS TRABAJADORES ANTE LAS EXPROPIACIONES
El ritmo acelerado de expropiaciones decretadas por el Presidente Chávez afectando tierras rurales o urbanas, urbanismos y empresas comerciales e industriales ha colocado como opositores sociales del gobierno a propietarios rurales, compradores de viviendas, empresarios y trabajadores.

En particular extraña que de manera creciente los trabajadores de empresas expropiadas como los de HIPERMERCADOS ÉXITO, AGROISLEÑA, OWEN ILLINOIS y SIDETUR, o amenazadas con esa medida como en el caso de ALIMENTOS POLAR, asuman la defensa no sólo de su empleo y beneficios contractuales colectivos, sino de sus patronos.

Este fenómeno social es digno de análisis porque revela el temor que suscita en los trabajadores la incertidumbre de ser un empleado del Estado a la luz de las experiencias que les ha tocado vivir a los asalariados del sector público con contratos colectivos que no solo no se renuevan a su vencimiento, sino que se incumplen en cuestiones básicas como aumentos salariales, beneficios educacionales y de salud. En los sectores de las empresas básicas de Guayana y de los trabajadores educacionales y de la salud hay un ascenso de luchas pacíficas y de calle en demanda de sus derechos laborales y sindicales. Frente a esta protesta, el gobierno ha optado por criminalizar la protesta aplicando el andamiaje jurídico de las reformas de los Códigos Penal y Procesal Penal para enfrentar la lucha laboral mediante el uso represivo de los aparatos judiciales contra trabajadores y sindicalistas siendo el caso más emblemático el de Rubén González sometido a prisión de casa por cárcel a causa de luchas colectivas en FERROMINERA DEL ORINOCO.

Los trabajadores de las empresas privadas más rentables como en el caso de POLAR gozan de contratos colectivos que superan los convenios vigentes en las industrias petrolera y petroquímica lo cual redunda en posibilidades de progreso para sus núcleos familiares. Los sindicalistas además disfrutan, en honor a la verdad, de beneficios tales como licencia sindical de tiempo completo e ingresos económicos que les permiten incluso tener unidades de transporte u otras pequeñas empresas que se ven en riesgo con el cambio de patrono. No dudo que estos empresarios utilicen a estos sindicalistas y a sus trabajadores como escudo de masas para defender sus intereses.

Un dirigente sindical en Morón me decía que la clase trabajadora no debía defender ni al capitalismo privado ni al del Estado. Que el sindicalismo revolucionario, a su juicio, debe defender los derechos de los trabajadores ante el patrono privado o ante el Estado con la misma contundencia.

El derrumbe del llamado socialismo real evidenció que los trabajadores no se sentían comprometidos con aquélla noción de socialismo que no cambió el modo de producción asalariado ni por tanto las esencias burocráticas y corruptas del Estado.

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