DIFERIDA AUDIENCIA CASO TRANSPORTE CAMILA

Diferida audiencia preliminar del caso judicial de Transporte Camila

Escrito por Henry Parada López/Foto: Pedro Da Silva
viernes, 12 de febrero de 2010

La audiencia preliminar sobre el proceso judicial de los tres ex dirigentes sindicales de Sutiss -Juan Valor, Leonel Grisset y Joel Hernández- y los 11 trabajadores tercerizados pertenecientes a la contratista Transporte Camila, fue nuevamente suspendida y la misma fue reasignada para efectuarse el 16 de septiembre del presente año.

El motivo del diferimiento de la audiencia se debió a la no presencia de los representantes de la fiscalía, los testigos y las pruebas no fueron evacuadas, dado que los fiscales no asistieron al llamado de los tribunales, al igual que se negó la presencia del abogado defensor de los 14 trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco.

Leonel Grisset resaltó que en el juzgado ocurrieron dos hechos irregulares, el primero, el cambio del fiscal regional por un fiscal nacional y, el segundo, la negativa de dar acceso al defensor de los acusados, quien apenas llegó 15 minutos después de haberse hecho el llamado a la audiencia. “Todo estaba previsto para las 10 de la mañana, pero se hizo el llamado una hora antes, nuestro abogado llegó a las 9.15 y no aceptaron la entrada de nuestra defensa al lugar”.
Grisset, quien tiene más de cuatro años en este proceso penal, expresó que la misma ha sido una pesadilla para su persona y para su familia, dado que no existe criminalidad alguna en los hechos realizados en septiembre de 2006.

Asimismo también indicó que otro hecho negativo en su contra es la descomposición del movimiento obrero y sindical en Sidor, el cual no se ha abocado a dar un respaldo a su causa y mantienen un silencio culposo sobre el caso de Transporte Camila.

El dirigente hizo un llamado a los trabajadores a asistir el próximo lunes 15 de enero al portón III de Sidor, donde se buscará recuperar la institución sindical y en especial para que Sutiss responda económicamente por los honorarios profesionales de la asesoría legal que defiende a los 14 trabajadores en este caso. “Es hora de volver a nuestras raíces, esto es una lucha de clases la que tenemos que dar”.

Juan Valor, uno de los trabajadores perjudicados en este caso judicial, resaltó que existen muchos intereses gubernamentales, políticos y económicos que impulsan la criminalización de la protesta, en especial para silenciar la beligerancia del movimiento obrero de Guayana.