jueves, 3 de septiembre de 2009

TERCER CAMINO A LA NACIÓN VENEZOLANA

¿EL ESTADO Ó EL PUEBLO?

Ante la grave crisis económica, institucional, social, política y de legitimidad que ya arropa a su gobierno, el Presidente Hugo Chávez ha ordenado suprimir los derechos humanos, civiles y políticos del pueblo venezolano. En ese sentido, a través de la Fiscalía General de la República, ha promovido un discurso jurídico según el cual la “seguridad del Estado” y la “estabilidad del gobierno”, constituyen fines más importantes que los derechos socio-económicos, humanos y políticos del pueblo en general.

Esta posición gubernamental es asumida en momentos en que el movimiento obrero nacional, afectado por el alto costo de la vida y la negativa a discutir sus contratos colectivos, único mecanismo valido para mejorar sus derechos laborales, debe ejercer su derecho constitucional a la huelga y a la manifestación pública. En igual situación se encuentra el movimiento campesino que ha sido excluido de todo proceso de dotación de tierras y, por lo tanto, de toda capacidad de producción.

También el pueblo indígena asume su derecho a la protesta para defenderse del despojo de sus territorios ancestrales como consecuencia del otorgamiento de concesiones mineras a favor de empresas multinacionales. Mientras que las barriadas populares deben manifestar diariamente en calles y avenidas para protestar por la carencia de viviendas, por la violación de los derechos humanos, por el alto costo de la vida, por la ausencia de servicios públicos, etc.

Por su parte el movimiento estudiantil se ve obligado a defender mediante justas protestas públicas el presupuesto y la autonomía de las Universidades. En términos generales: médicos, transportistas, periodistas, profesores, pequeños y medianos productores agropecuarios, etc., ejercen el derecho constitucional a la huelga y a la manifestación pública ante la pérdida significativa de sus derechos sociales.

Cabe preguntarse: ¿Deben los obreros, campesinos, indígenas, habitantes de los barrios populares, estudiantes y el pueblo en general, renunciar a sus justas reivindicaciones sociales, económicas, culturales y políticas, para favorecer la estabilidad del gobierno y la seguridad del Estado?

La inestabilidad de un gobierno no tiene su origen en las justas aspiraciones populares expresadas a través de manifestaciones públicas, sino en la frustración de las expectativas que ese gobierno generó en el pueblo. En el caso de Venezuela la alta corrupción gubernamental, la grave violación de los derechos humanos, la entrega de nuestras riquezas y de nuestra soberanía económica a empresas multinacionales, las erráticas políticas económicas y sociales, ha conllevado a la pérdida de legitimidad del actual gobierno.

En otras palabras, podemos decir que la legitimidad de un gobierno depende de la satisfacción de las aspiraciones populares, lo contrario es la ilegitimidad. Es importante destacar que la legitimidad es más importante que la legalidad de origen del gobierno.

No otra puede ser la conclusión cuando analizamos el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual el pueblo venezolano puede desconocer cualquier gobierno, autoridad o ley que vulnere los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la vivienda, a un salario justo, a la tierra, a la vida, a la alimentación, al trabajo, etc.

Por su parte el artículo 5 constitucional, consagra que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución…”. Tanto la huelga como las manifestaciones públicas son formas previstas en la Constitución para ejercer la soberanía popular, de allí que es imposible considerar tales movimientos sociales como conductas delictivas.

Cualquier disposición del Código Penal, o de cualquier otra ley, que criminalice dichas expresiones de soberanía popular es inconstitucional y violatoria de importantes derechos humanos, en consecuencia, de conformidad con el artículo 350 constitucional debe ser desconocida.

Actualmente, el gobierno nacional criminaliza cualquier expresión de soberanía popular para restarle contundencia política e histórica a todo movimiento popular que reclame un programa de gobierno que afecte los intereses de los factores de poder que se benefician del vigente sistema político.

Podemos decir que se ha inaugurado un nuevo proceso constituyente originario y popular, en el cual los sectores populares, patrióticos, nacionalistas y progresistas confrontarán a los referidos factores de poder hasta lograr el desplazamiento de los mismos.

Todo hecho constituyente que se produzca en el marco de un proceso constituyente originario y popular es expresión genuina de la soberanía popular, en consecuencia, en tales casos debemos invocar el contenido del único aparte del citado artículo 5 constitucional, el cual establece que los órganos del Estado están sometidos a la soberanía popular, de manera, que un gobierno no puede mantenerse en el tiempo contrariando la soberanía popular. Sin embargo, como lo hemos dicho en otras oportunidades, sabemos que los factores de poder apelaran a la represión, al desconocimiento de los derechos humanos, civiles y políticos del pueblo con el propósito de lograr la “estabilidad del gobierno”.

¡¡LAS LUCHAS SOCIALES NO CONSTITUYEN DELITOS!!

¡¡HACIA LA GRAN HUELGA GENERAL!!

¡¡HACIA UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE ORIGINARIA Y POPULAR!!

Tercer Camino, septiembre 2009.

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